sábado, 26 de julio de 2008

Denuncian robos en Los Arroyos

El Escorial

Por Redacción
Última actualización 27/06/2008@04:38:40 GMT+1

Montencinar Partido In­de­­pendiente ha denunciado el abandono por parte del Ejecutivo local de la zona de Los Arroyos en materia de Seguridad, a consecuencia del último robo que sufrió la madre de un estudiante del colegio Gredos San Diego a principios de esta semana, al dejarse el bolso en el coche.

Según puso de manifiesto el portavoz de este partido, Jorge Badiola, los hechos se produjeron en el momento de dejar a los niños en el colegio, prácticamente de­lan­te del propio centro, po­siblemente, a su juicio, por la falta de presencia de los agentes de la Policía Local tras finalizar el curso, en que el número de escolares se ve considerablemente re­du­ci­do.

Badiola ha señalado que la prometida oficina de atención al ciudadano en Los Arroyos, donde habrá agentes de guardia sufre retrasos y, en general, todo lo referente a este área.

El Escorial descarta redactar un nuevo Plan General


Consideran que hay suelo suficiente y tampoco mantendrán el Avance del anterior Ejecutivo


Por Redacción
Última actualización 10/07/2008@23:02:45 GMT+1
A. Ramírez /El Escorial

El Ayuntamiento de El Escorial ha decidido no volver a redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para el municipio. El Ejecutivo del PP ha llegado a la conclusión de que, de momento en esta legislatura, se van a desarrollar aquellas unidades de actuación aún por desa­rrollar de las Normas Subsidiarias.

Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de Gobierno tras un año de estudio de la situación urbanística real de la localidad, que arroja que existen suelos calificados como urbanos pendientes de desarrollar y que el momento económico por el que pasa éste, como tantos otros ayuntamientos, no es el mejor para invertir en la redacción de un nuevo avance del PGOU lo que para el Ejecutivo no significará una parálisis del desarrollo municipal.

La crisis se ha establecido en muchos Ayun­tamientos y los de la Sierra del Gua­da­rrama no son ajenos a ello. Este es uno de los motivos por los que el Ejecutivo es­curia­lense lleva desde el inicio de la legislatura ha­cien­do cábalas para, por un lado, contener el gasto, por otro, buscar fórmulas para que el municipio no se paralice y, por último, cumplir su programa electoral.

En ese sentido, el concejal de Urbanismo, Ignacio Gon­zá­lez Velayos, anunció que el Ejecutivo no va a volver a re­dactar un nuevo avance del Plan Ge­neral de Orde­na­ción Urba­na. Es­tima que “inicialmente” hay suelo suficiente para desarrollos urbanísticos en suelos ya calificados como urbanos y que la redacción de un nue­vo plan supondría un costoso desembolso que supone la redacción de un nuevo.

Esto, aseguró, “no va a ser impedimento para ge­ne­rar nue­­va ofer­ta de vi­vi­vienda a precio asequible par los vecinos”. Tampoco, matizó, que se vaya a mantener el avance del PGOU propuesto por el an­te­rior Go­bierno, por considerar que contenía un crecimiento ex­cesivo tanto en El En­sanche como en otras unidades de actuación que se contemplaban, co­mo en Pe­­ralejo o Navalquejigo, zo­nas a su juicio de considerable valor am­biental y cuyo desa­rrollo con­­llevaría grandes in­­ver­sio­nes paralelas en materia de in­fra­estructuras co­mo redes de abastecimiento y saneamiento.

Así, recordó, se han llevado a ca­bo modificaciones pun­tuales en uno de los desarrollos, que es El Ensan­che, en el que se han aplicado criterios que han conllevado la re­ducción de la edificabilidad y dotación de áreas de­por­tiva y co­mer­cial en pro de criterios “más sostenibles” y “necesarios”.

Por otro la­do, el Ejecutivo abordará los Se­ctores de Actuación Ur­­ba­­nística (SAU) pendientes de de­sarrollo en las antiguas Normas Sub­sidiarias, co­mo El Alcor III o a través de Uni­da­des de Ejecución en El Ventorro, me­diante mo­­­­dificaciones puntuales en base al nuevo reglamento previsto en la Ley del Suelo

miércoles, 16 de julio de 2008

20/7/2008, 11h: Marcha por la apertura del Camino Real de Madrid

miércoles, 16 de julio de 2008

La asociación Entorno Escorial y el Grupo Correcaminos, convocan a una marcha para defender el uso público del Camino Real de Madrid, la vía pecuaria que desde el siglo XVI une los entornos palaciegos escurialenses con la capital. Parte del camino discurre por varias fincas particulares, entre las que se encuentra La Granjilla, propiedad de Santiago Aguirre, hermano de la Presidenta de La Comunidad de Madrid, que ha colocado cadenas y candados en los accesos a la vía pecuaria dentro de su propiedad. La marcha dará comienzo a las 11.00 horas, el domingo 20 de julio, frente la Casa de Cultura de El Escorial (Calle Sagrado Corazón, 5)

Con esta marcha se pretende concienciar a la ciudadanía del peligro de perder el derecho público de transitar por un camino que durante siglos ha pertenecido al patrimonio de todos los españoles, puesto que la familia Aguirre ha emprendido acciones legales en este sentido. De hecho, un juez falló a su favor, pero la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de El Escorial y asociaciones locales pusieron varios recursos al fallo judicial.

Ambas asociaciones sostienen que "mientras no se resuelva en uno u otro sentido esta vía judicial, el camino permanece actualmente como vía pecuaria y por lo tanto es de libre acceso para todo ciudadano que decida libremente transitar por el mismo". Las organizaciones denuncian que "pese a esto, el pasado mes de abril un juez multó a un integrante de Correcaminos con 300 euros y a indemnizar los daños sufridos en el candado del señor Aguirre con otros 40". Las denuncias de Correcaminos y de varios ciudadanos por el cierre de la vereda, han sido ignoradas.

Santiago Aguirre, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, es el propietario de la finca histórica de La Granjilla en termino municipal de El Escorial. En febrero de 2003 la familia Aguirre emprendió acciones legales para cerrar la vía pecuaria, el antiguo Camino Real de El Escorial a Madrid ya que transcurría por la finca de la que es propietario. Un juez falló a su favor, pero la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de El Escorial y asociaciones locales, interpusieron varios recursos al fallo judicial. Estas asociaciones declaran que "mientras no se resuelva en uno u otro sentido esta vía judicial, el camino permanece actualmente como vía pecuaria y por lo tanto el acceso debe quedar libre a todo ciudadano que decida libremente transitar por el mismo".

Ambas asociaciones sostienen que "mientras no se resuelva en uno u otro sentido esta vía judicial, el camino permanece actualmente como vía pecuaria y por lo tanto es de libre acceso para todo ciudadano que decida libremente transitar por el mismo"

En el verano del 2007, Aguirre cerró la puerta de la finca con un candado y cortó la vía pecuaria, hecho denunciado públicamente por el colectivo de los Agentes Forestales en julio de 2007 en su manifestación en la puerta de La Granjilla.

Con esta marcha se pretende concienciar a la ciudadanía del peligro de perder el derecho público de transitar por un camino que durante siglos ha pertenecido al patrimonio de todos los españoles.

En el verano del 2007, Aguirre cerró la puerta de la finca con un candado y cortó la vía pecuaria, hecho denunciado públicamente por el colectivo de los Agentes Forestales en julio de 2007 en su manifestación en la puerta de La Granjilla. El 30 de septiembre del 2007, el grupo de senderistas Correcaminos con otros colectivos locales, rompieron la cadena que cerraba la puerta para poder transitar por la vía pecuaria. Como resultado, el Señor Aguirre demandó a uno de los caminantes de Correcaminos, Lucas Reguilón, por entrar ilegalmente en su propiedad y destrozar una propiedad suya por valor de 40 euros. Los integrantes de Correcaminos pusieron sendas demandas al Sr Aguirre por cerrar ilegalmente la vía pecuaria.

En un auto de 20 de Diciembre de 2007, un juez de San Lorenzo de El Escorial hizo constar que el Camino Real no es "privado por pender recurso de casación al respecto" pero admitió a juicio la rotura del candado. El 24/04/08 otro juez, condenó el Sr Reguilón a pagar una multa de 300 euros por destrozo de propiedad y 40 euros por el candado. Las denuncias de Correcaminos al hermano de la presidenta de la Comunidad por el cierre ilegal cayeron en saco roto. Las voces ecologistas denuncian que "esta sentencia judicial es un ejemplo de cómo un señor con un potencial económico enorme y con influencias políticas muy evidentes, puede llegar a salirse con la suya". Al mismo tiempo, consideran que "el fallo podría dar carta blanca a cualquier propietario de una finca para bloquear una vía pecuaria e impedir que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos básicos."

Otra amenaza al Camino Real viene de la finca vecina de La Granjilla. El 14 de julio de 2008, la asociación Entorno Escorial puso una denuncia sobre destrozos en el Camino Real en la finca Canalejas. En un tramo de 400 metros se han destruido las atarjeas y lindes de piedra del camino histórico. Las asociaciones mencionadas declaran que "es un auténtico desastre teniendo en cuenta que el Camino Real tiene un gran valor cultural y turístico por ser uno de los caminos más importantes de la Comunidad de Madrid que se construyó entre los siglos dieciséis y dieciocho para trasladar la corte de la capital al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial".

lunes, 7 de julio de 2008

Las antenas no podrán estar a 500 metros de zonas habitadas

FELANITX. LAS INSTALACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL SALDRÁN DEL CASCO URBANO
Las antenas no podrán estar a 500 metros de zonas habitadas
 10:15  




Imagen de una de las polémicas antenas de telefonía móvil en el interior de la ciudad.  Foto: T. O.
 MULTIMEDIA
El PP garantiza que la nueva ordenanza será restrictiva y la oposición denuncia el retraso
T. OBRADOR. FELANITX. El conflicto sobre la instalación de las antenas de telefonía móvil en Felanitx afronta nuevas situaciones. El concejal de Urbanismo, Biel Tauler (PP), ha afirmado que la moratoria que aprobó el pleno expira dentro de poco tiempo y que está en marcha la elaboración de una ordenanza sobre la instalación de antenas de telefonía móvil en el municipio que será más restrictiva que lo que se estableció en la reciente aprobación inicial de las normas subsidiarias, en el sentido de sólo permitir las polémicas antenas en zonas de equipamientos siempre y cuando estén a más de 500 metros de áreas habitadas.

Tauler señaló que quiere consultar con los grupos de la oposición la nueva ordenanza que se está elaborando, aunque Colau Barceló (Bloc), edil que más ha intervenido en este asunto, denunció ayer en declaraciones a este periódico el retraso acumulado por parte de los gobernantes conservadores. 

Barceló critica que "la concentración de varias operadoras en la misma torre de Telefónica, en la calle Proïssos, es ahora más peligrosa para los residentes en esta vía y en la calle Cala Figuera; los efectos son ahora peores que hace dos años". Asimismo, el líder del Bloc critica que el fórum que trató precisamente el tema de las antenas "no sirvió para nada y las operadoras estafaron a la ciudadanía al indicar primero que apoyaban un redactado de consenso que fijaba el traslado de las antenas fuera del casco urbano pero al final no se atrevieron a suscribir el documento".
Así las cosas, Barceló cree que "esta situación de impasse no es buena y en este conflicto no se ha conseguido avanzar en positivo".

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, en la ciudad de Felanitx la antena de Vodafone de la calle Cala Figuera fue clausurada y permanece inactiva. La de France Telecom de la calle Bellpuig fue clausurada y desmantelada. 

Mientras que la de Telefónica de la calle Proïssos, que cuenta con licencia de obras, recibió un escrito del Consistorio que le avisaba de una inminente clausura. La compañía interpuso un contencioso en contra, ya que advertía que la instalación, además de servir a los teléfonos móviles de la zona concreta, cuenta con conexiones con Menorca y Eivissa, el sur de la isla, el 112 y el 061, por lo que si ocurría algún incidente el Ayuntamiento podría ser responsable. El Consistorio quiso comprobar estos extremos y, al mismo tiempo, Vodafone y France Telecome se instalaron en la torre de Telefónica. Entonces, el Ayuntamiento pidió permiso a la Justicia para poder entrar y un ingeniero de telecomunicaciones constató que allí estaban colgadas de forma ilegal Vodafone y France Telecom. Todo este caso está todavía pendiente de resolución judicial.

Cabe recordar que hubo movilizaciones de vecinos en las calles afectadas e incluso en los plenos. Cuando se dio luz verde a la moratoria, a finales de 2006, el equipo de gobierno y la oposición expresaron su disgusto con la actitud de las operadoras. Durante varias semanas muchos usuarios no tuvieron cobertura de móvil. La alcaldesa, Catalina Soler, animó a los afectados a exigir indemnizaciones ante Consumo por la falta de servicio.

En la actualidad sí hay cobertura y se desconoce cuándo presentará el PP la ordenanza. Las operadoras reiteran que no está demostrado científicamente que las antenas puedan causar cáncer o abortos, si bien muchos residentes lamentan casos de vecinos fallecidos que vivían cerca de los aparatos.